Operativo contra grupo delincuencial común organizado “San Gabriel” de Itagüí

Entre los resultados hay 20 capturas por orden judicial y una más en flagrancia.
  • Operativo contra grupo delincuencial común organizado “san gabriel” de Itagüí

Luego de un proceso de investigación durante seis meses adelantado por el Gaula de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, apoyado por la Alcaldía de Itagüí y la Fiscalía, se desarrolló una operación contra el grupo delincuencial común organizado “San Gabriel”, mediante la cual se logró la judicialización de 20 personas con orden judicial y una más en flagrancia. 

Los operativos de captura se llevaron a cabo luego de la ejecución de 18 diligencias de allanamiento y registro en el suroeste de Antioquia específicamente en los municipios de Andes, Támesis y en Itagüí, sur del Valle de Aburrá, donde se logró la captura por orden judicial por los presuntos delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión y tráfico de estupefacientes de los sujetos conocidos como “kaka”, cabecilla del grupo delincuencial común organizado “San Gabriel, “sicario” y “frijolito” cabecillas de segundo nivel dentro de la estructura delincuencial, además de “lechero”, “tapias”, “caneco 1”, “caneco 2”, “Daniel quiceno”, “granada”, “quiceno”, “legarda”, “carmona”, “ríos”, “mamá de frijolito”, “la prestamista”, “burro o pelusa, “el patrón”, “chorizo”, “merengue” y “perjuicio”, con edades entre los 19 y 54 años y un sujeto conocido como  “Luis” capturado en flagrancia por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. 

Estas personas venían afectando la convivencia y seguridad ciudadana de los barrios San Gabriel, El Hueco y Triana de Itagüí con actividades delincuenciales de extorsión y tráfico de estupefacientes.

En las diligencias de allanamiento y registro les fue incautada un arma de fuego hechiza, 31 dosis de cocaína, 8 equipos celulares, 2 sim card, y $450.000 en efectivo. 

Los capturados fueron dejados a buen recaudo de la autoridad judicial competente. 

Esta estructura criminal sería responsable de exigencias extorsivas que oscilaban entre 5 mil y 40 mil pesos semanales a comerciantes y transportadores informales, así como a sectores residenciales por supuesta vigilancia.